Si el sector público demuestra tener falencias importantes a la hora de brindar un servicio tan básico y primordial para todo ser humano, los otros componentes del sistema sanitario argentino, cerca del 60% según el INDEC, no lo son menos. Tanto la seguridad social- obras sociales - como el sector privado – prestadores y medicina prepaga - tienen sus propios conflictos. Mientras esperan soluciones desde el Congreso, se intercambian culpas y críticas. En el medio, 20 millones de personas quedan libradas a la ineficiencia, inequidad, la estafa y el mercantilismo.
Las obras sociales y el quiebre del sistema solidario
Las poco más de 300 obras sociales existentes entre nacionales y provinciales – sin el PAMI - administran en la actualidad cerca de 7000 millones de pesos anuales - un 7% del Presupuesto Nacional – provenientes del aporte de 15,5 millones de trabajadores. Las diez primeras se reparten el 50% del total de los recursos, y nueve de ellas se encuentran en manos de la dirigencia sindical.
Precisamente este poder político y económico adquirido por las obras sociales sindicales de mayor cápita durante los últimos 30 años - apoyados en estrechos lazos con el gobierno de turno a través de la CGT - tuvo su momento cumbre en los noventa y las políticas neoliberales implementadas. En 1995 y con el supuesto objetivo de mejorar la competitividad y la eficiencia, se puso en ejecución el Programa de Reconversión de las Obras Sociales (PROS), con financiamiento del Banco Mundial, que incluyó medidas como la desregulación – la apertura a la libre elección del trabajador – y la asignación de subsidios a obras sociales para su reconversión.
Pero ninguna de estas reformas trajo las soluciones esperadas. El fin de la cautividad originó un “descreme”: las prepagas impedidas de competir, se filtraron en el sistema aliándose a las obras sociales de menores recursos y de esta manera lograron captar aquellos salarios altos deseosos de una mejor cobertura. Por otra parte, tampoco mejoraron las obras sociales subsidiadas, sino que al contrario fueron empeorando en calidad de servicios y aumentando su déficit.
Un caso testimonial de la crítica situación lo es la Obra Social Bancaria. A once años de haber recibido U$S 40 millones para la reforma dispuesta, la realidad es la siguiente:
- afronta constantes demandas por falta de atención y muertes por mala praxis
- su déficit alcanza los 200 millones de pesos
- pérdida numerosa de afiliados (Según información extraída del departamento de Recursos Humanos de un Banco privado de esta capital la cartera de afiliados de la obra social cayó un 30% durante los últimos cuatro años - 69,38% a 41.06% - y paralelamente las obras sociales denominadas “chicas” aumentaron de 17 en 2003 a 40 este año, entre las que se destaca la Obra Social de Comisarios Navales que gracias al acuerdo con la prepaga OSDE, ha incrementado su cartera).
Puede que en esta crisis mucho tenga que ver el mal manejo de esos fondos recibidos. Al menos de eso se trata la causa abierta a fines del año pasado, en la que se investiga el desvío de 285 millones provenientes del crédito del Banco Mundial. Juan José Zanola, el titular del gremio bancario - muchas veces denunciado por enriquecimiento ilícito, defraudación y estafa - es tan sólo uno de los 127 sindicalistas llamados por el juez Norberto Oyarbide para que declare sobre su implicancia en el hecho. Entre los más destacados figuran Armando Cavalieri (mercantiles), Gerardo Martinez (construcción), Antonio Cassia (petroleros), el ex superintendente de obras sociales José Luis Lingeri (Obras Sanitarias de Capital), Gerónimo Venegas (rurales), Diógenes Salazar (telefónicos), Dante Camaño (gastronómicos) y Jorge Horacio Menem (obra social de Encotesa). Esta causa también involucra a ex funcionarios, empresarios de la salud, y hasta al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por ser dueño de una empresa receptora de una parte de esos fondos.
Las irregularidades ya habían sido en parte detectadas por la Sindicatura General de la Nación el año pasado, a través de una auditoria hecha a la APE (Administración de Programas Especiales), organismo dependiente de la Superintendencia de Servicios de Salud, creado en 1998 para administrar los fondos solidarios de las obras sociales (10% de los aportes) destinados a costear prestaciones de alta complejidad. En su informe había denunciado la ausencia de documentación respaldatoria de las obras sociales por 330 millones de pesos, aunque sin mencionar dolo. Cabe destacar que la APE es administrada por Juan Rinaldi, abogado del líder de la CGT, Hugo Moyano, y anteriormente fue presidido por el diputado Luis Barrionuevo y el arriba mencionado Lingeri.
Para colmo en los últimos días, el sindicalismo sufrió otro golpe judicial por casos de corrupción: el pedido de una fiscal para mandar a juicio oral al ex secretario general de la CGT y titular del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA), Rodolfo Daer, y la condena a tres años de prisión a Jorge Carranza, del sindicato Municipal de San Martín.
A pesar de tantas evidencias, Sergio Romero, secretario de prensa de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) defiende las bondades del sector y culpa a los medios de comunicación por su mala imagen: “Se cuenta lo bueno y no lo malo. La obra social puede ser mala, mas o menos o regular, pero tiene todos los canales posibles para poder brindar seguridad al trabajador y su grupo familiar, mientras que las prepagas, basados en un mejor marketing, cobran 800 pesos pero la salud no es su prioridad”.
De todas maneras, la preocupación tanto por el desfinanciamiento post fuga de afiliados como por la persecución judicial, ya movilizó a los líderes sindicales. El mes pasado varios de ellos (como Gerardo Martinez) acompañaron a la senadora y candidata presidencial, Cristina Fernández de Kirchner a una gira por Ginebra, Suiza, con la intención de frenar la megacausa, según publicó la Revista Noticias. En cuanto al descreme, la CGT estaría por lograr que el Gobierno firme un decreto que limitaría los traspasos entre las obras sociales, y obligaría al trabajador que opte por el cambio a dejar un 10 por ciento de su aporte en la obra social de origen. Esto genera rechazo desde las prepagas. “Se está premiando a la ineficiencia de la obra social, que se quedará con plata sin ningún gasto, afirman desde ADEMP, la Asociación de Entidades de Medicina Prepaga. Y agregan que las limitaciones “perjudicarán a los afiliados, ya que se va a encarecer el costo de los planes”.
Regulación de las prepagas
El sistema de atención médica privada está compuesto por 2.8 millones de beneficiarios (más del 60% son afiliados de obras sociales) que se reparten entre 80 entidades prepagas. Estas no están exentas de críticas. Entre la larga lista figuran el libre arancelamiento, la extranjerización de la salud, la concentración económica en pocas empresas, la reserva del derecho de admisión, el cobro de coseguros, y los períodos de carencia para los recién ingresados. El año pasado, las diputadas del Frente para la Victoria, Patricia Vaca Narvaja y Graciela Rosso, impulsaron un proyecto de ley para la regulación, en el que figura la prohibición de rechazar usuarios por enfermedades preexistentes o de edad avanzada, y la creación de una comisión permanente para aprobar las cuotas.
Las compañías el sector critican esta intención y hasta el momento han logrado frenar la votación del proyecto en Diputados. Como contrapartida desde su página web, ADEMP, expone los principales beneficios del servicio de salud prepago: reduce riesgos económicos con pago fijo mensual, reduce costos, facilita el acceso a la salud, y libera la demanda del hospital público. “El sistema es inflacionario porque la salud crece en costos, en tecnología, en salarios y el PMO (Programa Médico Obligatorio)es cada vez más completo”, reconoce Jorge Otero Lacoste, gerente de la entidad. Pero aclara que “el aumento del 2.7 por ciento en el 2006, no incidió en el crecimiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 84%”.
Deudas de los prestadores médicos
El sector privado, compuesto por las clínicas, sanatorios, geriátricos e institutos de diagnósticos médico, atiende a 18 millones de argentinos. Los reclamos apuntan a varios frentes: por un lado al PAMI, quien le adeuda alrededor de 700 millones de pesos; a las prepagas y obras sociales, a los que se le reclama un 13% de aumento en el costo prestaciones (aranceles); y al Congreso, al que se le pide una ley para refinanciar sus propias deudas de alrededor de 1000 millones de pesos, contraídas con la AFIP tras el decreto de emergencia sanitaria que los eximió de cumplir obligaciones fiscales. En este último tema, existe un proyecto ya aprobado por ambas cámaras pero que el kirchnerismo postergó su sanción para después de octubre. Consistiría en una refinanciación de deudas impositivas y previsionales a 15 años con una tasa del 6% anual.
Directivos de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime), justifican sus reclamos: “Los recursos de obras sociales y prepagas aumentaron, pero también lo hicieron los insumos a precio dólar, por lo que también deberían aumentar los recursos de las prestadoras.” Y advierte sobre las consecuencias de esta falta de pago: “como se privilegia los salarios de los empleados, se deja de lado el pago de impuestos y las inversiones, lo que se traduce en una precarización tecnológica y la posterior acentuación de la brecha entre ricos y pobres”.
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